La designación de apoyos y salvaguardias: una herramienta clave para garantizar derechos de las personas con discapacidad

En la actualidad, muchas personas viven con alguna forma de discapacidad, algunas más

severas que otras. Sin embargo, todas ellas son sujetos de derecho, lo que significa que gozan de derechos civiles, pueden asumir obligaciones y ejercer su personalidad jurídica dentro del marco del Estado de derecho.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por las Naciones Unidas y ratificada por el Perú, reconoce que las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. En cumplimiento de este tratado internacional, los Estados están obligados a implementar normas que garanticen mecanismos efectivos para que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos.

Uno de los principales avances en esta materia es la designación de apoyos y salvaguardias, un mecanismo legal que permite a las personas con discapacidad acceder a la asistencia de una o más personas de confianza —los apoyos— que las acompañen en la toma de decisiones, representándolas o actuando en su nombre, según sea necesario.

En el Perú, este mecanismo está regulado por el Código Civil y la Ley N.º 1384, que establece disposiciones sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, adecuando nuestro ordenamiento a los estándares internacionales. Dependiendo del tipo de discapacidad y de las necesidades de la persona, el apoyo puede establecerse a través de una solicitud notarial o mediante una resolución judicial, previa evaluación del caso.

Lo fundamental en este sistema es que la voluntad de la persona con discapacidad debe respetarse y cumplirse. El apoyo no sustituye la voluntad, sino que la facilita y garantiza que esta se ejerza frente a terceros y ante el Estado, sin restricciones indebidas.

La implementación de este mecanismo representa un gran avance en la inclusión jurídica y el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad. Ya son varios los países que han adoptado con éxito este enfoque, incluyendo el Perú, donde cada vez más personas acceden a este derecho para vivir con dignidad y participación plena en la sociedad.

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